Como es sabido, en España tienen la categoría de “comunidades históricas” aquellas regiones autónomas con experiencias previas democráticas en el aspecto estatutario. Son sólo Cataluña, Galicia y País Vasco pues sólo esas tres “gozaron” de su estatuto durante la II República Española (1931-39).
En su momento lo de “históricas” suscitó quejas entre los territorios que no dispusieron de ese calificativo, porque es difícil negar la calidad de histórica a, por ejemplo, Castilla la Vieja. Yo creo que, como suele ocurrir, la culpa está en la palabra; si se hubiesen llamado “comunidades con experiencia previa”, o algo similar, se habría evitado mucha protesta.
Cataluña aprobó su primer estatuto el 9 de septiembre de 1932. Pero tras la “Revolución de octubre del 34”, el nuevo presidente, Companys, se propasó a proclamar el “Estado Catalán de la Republica Federal Española” (sic). El gobierno central, además de meter en la cárcel al sedicioso, suspendió el estatuto catalán que permaneció en esa situación hasta 4 meses antes de iniciarse la guerra.
Galicia tenía aprobado su anteproyecto de estatuto en diciembre del 32, pero por algunas razones el preceptivo referéndum no se pudo celebrar hasta el 28 de junio de 1936 (el resultado fue de un 993.000 votos a favor y 6.000 en contra que hubiese sonrojado al mismísimo Ceaucescu). El documento aprobado se presentó en el Parlamento 17 días después, pero tres días más tarde empezó la Guerra Civil y todo se desvaneció. Las Cortes republicanas, reunidas en Montserrat, dieron por admitido el texto en la cámara el 1 de febrero de 1938, pero ya no hubo más.
Pero si el proceso de estos dos estatutos fue poco sólido, igual de etéreo resultó el del País Vasco.
Los nacionalistas vascos, tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, presentaron un proyecto de estatuto en las Cortes. La comisión parlamentaria correspondiente emite un dictamen positivo, pero la guerra impide que se apruebe en su momento; desde luego, el obligatorio referéndum fue una chapuza que no se pudo realizar como Dios manda.
Pero a trancas y barrancas, el 1 de octubre de 1936, cuando ya habían transcurrido 81 días de guerra civil, el Parlamento aprueba definitivamente el Estatuto Vasco.
En esa fecha la situación era la siguiente: En Álava no afectaban las decisiones republicanas pues esa provincia estuvo desde el principio, excepto algún enclave en el norte, con el bando rebelde. Guipúzcoa, excepto Éibar, Elgueta y ciertas alturas en la linde vizcaína, había caído en poder de los “nacionales”. Vizcaya, por su parte, se mantenía republicana en su totalidad; Ondárroa y algunas alturas sobre Marquina y Éibar, en manos franquistas, eran sólo excepciones.
Así que cuando el 8 de octubre de 1936 José Antonio Aguirre jura su cargo como lendakari, sólo gobierna sobre el 30 % del territorio vasco. Pero encima, el 19 de junio de 1937 las tropas nacionales toman Bilbao y la autonomía queda laminada. Así que en menos de 10 meses quedó cancelada la experiencia autonomista en Euskadi.
¿Sólo 284 días, sobre el 30 % del territorio y en guerra?...
Se comprende a los castellanos.
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