El 18 de julio Francisco Pi i Margall, solo 38 días después de jurar su cargo, presentó su dimisión. Ese día las Cortes eligieron como nuevo Presidente del Poder Ejecutivo a Nicolás Salmerón por 119 votos contra los 93 obtenidos por Pi que, a lo que se ve, aún tenía bastantes seguidores. Al día siguiente el nuevo premier presentó su plan de gobierno que fue aceptado por la Cámara mientras Pi y Margall se retiraba a su casa.
En el caleidoscópico tablero político español, se observa que los intransigentes, al permitir que saliese elegido Salmerón, daban el poder a un benevolente; a un partidario del orden antes que de la Federación “desde abajo” y, por tanto, al máximo enemigo de sus postulados políticos.
Se recordará que, en el último intento de gobernar de Pi i Margall, este no contó con los intransigentes, y que por esta razón este grupo se había “retraído” abandonando el Parlamento. Pero ahora, al presentar la dimisión don Francisco, esos diputados habían vuelto a sus escaños. Sin embargo se dio la circunstancia de que muchos intransigentes no comparecieron a la hora de votar porque se habían largado a sus circunscripciones, para “coger sitio” en el previsible futuro cantón que surgiese en ellas. Probablemente si eso no hubiese ocurrido habría vuelto al gobierno Pi i Margall.
Salmerón, como buen benevolente, intentó ante todo poner orden en el país. Movilizó 80.000 mozos y puso al general Martínez Campos al frente de las operaciones para ahogar los brotes cantonalistas de Levante y al general Pavía para reprimir los de Andalucía. El primero era monárquico y el segundo republicano no federalista, sino unionista; no había nada mejor para ir contra los federales. Pero, naturalmente, la prioridad política del nuevo Presidente del Poder Ejecutivo era sacar adelante, al fin, una constitución republicana y federal. Aparte de por sus convicciones políticas porque se hacía evidente que la presión popular era ya demasiado fuerte.
En realidad el borrador de constitución redactado por la Comisión Parlamentaria correspondiente, formada por diecisiete diputados a cuya cabeza se encontraba don Emilio Castelar, ya estaba en poder de las cámaras desde el día antes a aquel en que accedió Salmerón al poder, con lo que es de suponer que el nuevo presidente estuvo involucrado en la redacción de ese texto preconstitucional de carácter federal, o al menos lo conocería. Curiosamente, la minoría intransigente había presentado al tiempo otro borrador, pero este segundo proyecto ni se discutió.
Según el texto sometido a escrutinio los poderes del Estado serían cuatro: ejecutivo, legislativo (bicameral), judicial y poder de relación entre los tres poderes anteriores[1]. Este último le correspondía en exclusiva el Presidente de la República, lo que venía a instaurar un sistema presidencialista. Tanto este cargo como el de vicepresidente, serían elegidos por los estados autónomos que compondrían la Federación, y que serían: Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Vascongadas. Filipinas y las posesiones africanas en Guinea se irían incorporando poco a poco al sistema.
Cada uno de los diecisiete estados autónomos gozaría de autonomía política y administrativa, aunque el Estado central se reservaba funciones fundamentales como relaciones exteriores, defensa, Tesoro Público, emisión de moneda, orden público, correos, telégrafos, ferrocarriles… Naturalmente en el articulado se podían encontrar algunas propuestas novedosas de corte liberal, como la separación iglesia-estado o la eliminación de los títulos nobiliarios.
Una importante bronca se montó en el Parlamento porque el gobierno, por aquellas fechas de “incertidumbre cantonal”, autorizó a todos los buques nacionales o extranjeros a apoderarse de los barcos españoles que se habían sumado al Cantón de Cartagena. La flota rebelde navegaba bajo la bandera roja del Cantón, enseña que al no ser reconocida por ningún estado ni por ningún organismo convertía en piratas a los barcos que la enarbolaban. Desde luego que los diputados intransigentes, procantonalistas, pusieron el grito en el cielo exigiendo la dimisión del Ministro de Marina.
El asunto, que podría parecer anecdótico, no es sino un síntoma de cómo andaban las cosas en el Parlamento y de las luchas que se producían por cualquier disensión. Las iniciativas de Salmerón para mantener el orden eran automáticamente contestadas por sus “enemigos” los republicanos federalistas intransigentes, y de esa forma no era posible gobernar. Además, la intensidad de algunos problemas, como la represión del movimiento cantonalista, la persistencia del Cantón de Cartagena, o la lucha en el Norte y Oriente de la Península contra el carlismo, había hecho que la política nacional estuviese en una determinada longitud de onda, con lo que los Padres Constituyentes se olvidaron un poquito de sus obligaciones. A eso se le unía el que ninguno de los dos extremos del Parlamento estaba por la labor de colaborar con el gobierno, con lo que, bochornosamente, solo hubo tres días en que se debatió el articulado.
En esas circunstancias, y consciente de que le iba a ser imposible sacar adelante la Constitución, que era, como he dicho más arriba, su prioridad política al ser elegido Presidente del Poder Ejecutivo, Nicolás Salmerón reconoció públicamente su incapacidad para conseguirlo. Había logrado resolver todas las erupciones cantonalistas, con excepción de las de Cartagena y Málaga, con el uso de la fuerza militar, pero ante el otro gran problema de la República, el carlismo, no consiguió apreciables avances. Así que el 6 de septiembre, solo 51 días después de llegar al poder, dimitió.
Don Nicolás motivaba su renuncia en que un tribunal militar había dictado 8 condenas a muerte contra otros tantos soldados que se habían pasado a los carlistas con sus armas y habían sido apresados. Y él, escuchando a su conciencia, prefería renunciar a su cargo a estampar en las sentencias el preceptivo “enterado”. Bueno, eso dicen los historiadores más escandalosos, porque otros, más sobrios, cuentan la historia de otra forma.
Al parecer, un diputado benevolente presentó una moción por la que se pedía que, en tanto no se aprobase por las Cortes Constituyentes unas nuevas ordenanzas militares, mantuviesen su pleno vigor las ordenanzas previas a la declaración de República Federal. Esta solicitud fue apoyada por un grupo de oficiales del ejército, que hicieron saber a Salmerón su posición favorable a mantener vivas las antiguas ordenanzas. Además, la mayoría del gobierno estaba de acuerdo con los militares y con la moción.
El antiguo reglamento militar contemplaba la pena de muerte en ciertas circunstancias y el Jefe del Ejecutivo, enemigo acérrimo de la aplicación de la pena capital, prefirió resignar la vara de presidente antes que autorizar una norma que contenía algo contra lo que él había luchado con tenacidad.
Bueno, sea como fuere, la cuestión es que no quiso firmar y prefirió la renuncia antes que actuar en contra de sus principios: la dimisión le fue aceptada. Ante lo cual me surgen dos comentarios: el primero es que Salmerón pudo eludir el problema presentando una dimisión temporal pactada con las Cortes, como hizo el rey Balduino de los belgas que abdicó durante 36 horas para no sancionar la ley del aborto[2]. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues acaso porque sus motivos íntimos para largarse estaban más cerca de la postura que significó Figueras («Estoy hasta los cojones de todos nosotros»), que del apurado embroque en que las ordenanzas militares ponían a su conciencia[3].
El otro comentario se refiere a que las Cortes no dudaron en admitir esa dimisión, lo que permite pensar que, en efecto, las Constituyentes, no tenían el más mínimo interés en abolir la pena de muerte.
El Parlamento eligió al benevolente Emilio Castelar (que se declaró incompatible con una política de izquierdas) como nuevo Jefe de Gobierno por 137 votos a favor contra los que obtuvo un reaparecido Pi i Margall 33[4], ausente como sabemos desde la llegada de Salmerón. En realidad la República tocaba a su fin. A don Emilio se le dieron plenos poderes como si se tratase de un dictador, autorizándole todas las medidas que estimase necesarias para terminar con el Cantón de Cartagena y con la guerra en el Norte sin necesidad de tener que pedir permiso a las Cortes.
Y tras acerbos debates, en los que el nuevo Jefe del Ejecutivo dejó bien clarito que estaba dispuesto a hacer prevalecer el orden en la calle y la disciplina en el ejército sobre otros valores, el 20 de septiembre las Cortes declaraban que… ¡Quedaban suspendidas sus sesiones hasta el 2 de enero de 1874!
En realidad aquello constituía una “dictadura republicana”. Un poder ejecutivo sin control parlamentario era, de facto, la muerte de la República Federal. En efecto, las exequias tendrían lugar solo tres meses después.
[1] El proyecto de Constitución lo denomina «Poder de relación, o sea, presidencial» (Título V).
[2] Es curioso el caso de Francisco Franco. Para no concederse a sí mismo la Cruz Laureada de San Fernando (máxima condecoración militar), dimitió durante unas horas como Presidente del Gobierno (aunque manteniendo la Jefatura del Estado), para que el Vicepresidente, general Gómez-Jordana, firmase la concesión de la medalla como presidente en funciones. Una vez condecorado, Franco recuperó la presidencia (19 abril 1939).
[3] Para no dejar el asunto cojo diré que el nuevo presidente, Castelar, conmutó la pena a 6 condenados y ajustició a los otros 2.
[4] Se recordará que en la votación en que salió elegido Salmerón el 18 de julio, Pi obtuvo 93 votos, lo que señala el desplazamiento político hacia la derecha habitual en los momentos de crisis.
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